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sábado, 25 de enero de 2020

La pluralidad en las televisiones locales


El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha constatado en su último informe de pluralismo político en las televisiones locales públicas andaluzas, correspondiente al periodo 2018-19, que las cadenas no mejoran en su deber de ofrecer un reparto equilibrado de los tiempos de palabras de los distintos actores políticos y que los resultados se asemejan a los del estudio del año anterior, incluso cuando los gobiernos municipales cambian de color político.




De las 17 emisoras locales analizadas en el último estudio, que abarca del 16 de junio de 2018 al 15 de junio de 2019, las cinco que presentan un mayor equilibrio en el peso que otorgan a los equipos de gobierno y a los partidos que los apoyan, los partidos de la oposición municipal presentes en el pleno y a otras formaciones extraconsistoriales son Onda Cádiz (con un 39,3% del tiempo para el gobierno local, un 49% para la oposición y un 11,7% para otras formaciones); Torrevisión Torremolinos (45,5%, 49,2% y 5,3%); Canal Málaga  (47,8%, 39,5% y 12,7%); TG7 (52,4%, 36,1% y 11,5%) y Noroeste TV (54,4%, 40% y 5,6%). En las dos primeras se invierten incluso los porcentajes, de forma que los grupos de la oposición disponen de más tiempo de palabra en los informativos que los representantes del gobierno.
La distribución de las intervenciones en el resto de televisiones analizadas es el siguiente: Écija Comarca TV (62,1%, 30,7% y 7,1%), Huelva TV (69,6%, 22,2% y 8,2%), Onda Jaén (69,9%, 15,9% y 14,2%), Interalmería (70,6%, 20,7% y 8,7%), Onda Jerez (70,7%, 24% y 5,3%), RTVM Marbella (70,7%, 22% y 7,3%), Onda Algeciras (73,7%, 19,5% y 6,8%), TeleMotril (80,3%, 12,5% y 7,2%), Estepona TV Estepona (88,8%, 9,5% y 1,7%), Fuengirola TV (92%, 6,7% y 1,4%), Estepona TV Manilva (94,2%, 5% y 0,8%) y Torrevisión Alhaurín (94,8%, 3,6% y 1,6%).
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Texto del Consejo Audiovisual de Andalucía. Leer más AQUÍ

lunes, 17 de noviembre de 2014

Manifiesto de la FAPE en apoyo a los medios de comunicación públicos


13 de noviembre de 2014

"La Junta Directiva de la Federaciónse ha hecho eco de las denuncias que se están produciendo en España contra el uso de los medios de comunicación de titularidad pública como plataforma propagandística, sin distinción de siglas políticas.


Por ello quiere manifestar:
1º.- Los medios públicos de información  gestionados con criterios periodísticos son una garantía constitucional de libertad de información y expresión, pluralismo y rigor informativo y su convivencia con los medios privados es la mayor garantía  del cumplimiento del Artículo 20 de nuestra Constitución.
2º.-La FAPE quiere mostrar su respaldo más firme a todos los periodistas que trabajan en los medios públicos de información, prensa, radio y televisión, ante los constantes ataques que sufren desde los poderos públicos propietarios de estos medios y que atentan contra los más elementales principios de los profesionales, tanto en su condición de periodistas como de trabajadores.
3º.-Hacemos un nuevo llamamiento a los responsables públicos y a sus partidos políticos para que respeten y hagan respetar la independencia en sus medios de comunicación, siendo este el mejor servicio que pueden prestar al sistema democrático y a la convivencia. Los partidos políticos con responsabilidades institucionales tienen la obligación de preservar unos medios públicos que ofrezcan servicios a los ciudadanos basados en los intereses generales y no en los de partido, con respeto absoluto al Código Deontológico de la profesión y al trabajo de los periodistas.
4º.-La Federación de Asociaciones de Periodistas de España recuerda que los poderes públicos deben ser especialmente escrupulosos en el respeto a la independencia de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y dar ejemplo diario rechazandoprácticas abusivas y contrarias al espíritu constitucional, como el nombramiento de cargos directivos en los medios sin capacitación alguna y por su adscripción política, la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas, el uso de la publicidad como forma de presión a los medios, la discriminación, marginación y despido en las empresas de profesionales independientes y de prestigio o la imposición de bloques electorales, entre otras muchas prácticas deleznables que pretenden anular a la profesión y presentar a los medios como meros soportes de propaganda.
La FAPE quiere recordar que es preciso instaurar medidas como la profesionalización de la gestión, la creación de planes estratégicos que fijen los recursos de producción (interna y externa) y los aspectos financieros, dotar de más recursos a los servicios informativos y establecer una  rendición de cuentas de los responsables de los medios".


jueves, 6 de diciembre de 2012

Un gran artículo para el Día de la Constitución Española


Artículo 20

 

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
 
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.